La impugnación del veredicto: profundizando el nuevo paradigma

18.05.2020

Artículo escrito por el Dr. Gonzalo Ruggieri, Abogado Especialista en Magistratura (PUCA), Prosecretario de la Unidad Fiscal Especial de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación. Adscripto a la Cátedra de Derecho Procesal III de la Facultad de Derecho UNR. La ponencia fue presentada como trabajo final de la Especialización en Derecho Procesal Penal (UNL).

1. Introducción 2. Critica al sistema recursivo de la justicia profesional 3. Posibilidad de revisar el veredicto 4. El sistema de impugnación en el juicio por jurado 5. Legitimidad del veredicto 6. Conclusiones.

Introducción.

El juicio por jurado es una institución que nació en nuestra cultura jurídica junto con la Constitución Nacional. Luego de más de 160 años de espera estamos viviendo un momento político-cultural histórico: desde el 2004 a la actualidad las provincias de Córdoba, Neuquén, Buenos Aires, Santa Cruz, Chacho y Mendoza ya sancionaron y pusieron en funcionamiento el Juicios por Jurados para juzgar delitos graves. Por su parte, Chubut, Río Negro y Entre Ríos, tiene leyes aprobadas y sistemas en vías de implementación y Santa Fe, Salta, CABA, La Pampa, La Rioja, con debates parlamentarios para sancionarlos.

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos respaldó el jurado en un reciente fallo del 2018 dejando en claro que en modo alguno violenta alguna de las garantías previstas en la Convención Americana de Derechos Humanos.[1]

Lo mismo realizó la Corte Suprema de Justicia de la Nación[2] en el 2019 donde sostuvo que el jurado es el juez natural, establecido por la Constitución de la Nación Argentina, para decidir la culpabilidad o no de una persona, según las instrucciones de derecho de un juez. También ratificó la decisión de las provincias de instaurar el sistema de jurados, reconoció que el Juicio por Jurados es obligatorio para los crímenes y que la forma inmotivada de los veredictos de los jurados ("culpable" o "no culpable") es constitucional.

Desde el 2004 con la adopción por parte de la Provincia de Córdoba de un sistema escabinado, luego en el 2011 con la sanción de una ley que establecía un jurado clásico en Neuquén hasta la actualidad hubo un gran desarrollo teórico-práctico para impulsar el jurado en la República Argentina.

Ese proceso fue de tal magnitud que hemos podido desarrollar caracteres propios para nuestros sistemas de jurados. Lejos estamos de importar instituciones extrajeras, sino más bien todo lo contrario.

Prueba de ello es que en prácticamente todas las leyes sancionadas se prevé la integración equitativa de hombres y mujeres, algo inédito en el mundo. Algo similar ocurre en provincias donde conviven pueblos originarios, como por ejemplo en Chaco, donde la ley establece que cuando se juzgue un hecho en donde el acusado y la víctima pertenezcan al mismo pueblo indígena Qom, Wichi o Mocoví, el panel de doce jurados titulares y suplentes estará obligatoriamente integrado en la mitad por hombres y mujeres de su misma comunidad de pertenencia.

Por lo tanto ante esta profunda coyuntura, este trabajo no tiene como finalidad destacar las bondades del juicio por jurado, ni argumentar porqué es necesaria su implementación. Binder lo dice claramente: "hay que leer la Constitución al revés. ¿Saben lo que dice la Constitución Argentina durante tres veces?: está prohibido que los juicios criminales sean juzgados por jueces profesionales".[3]

Por ello, partiendo de que el sistema de jurados ya está completamente radicado en nuestra cultura jurídica -incluso con rasgos propios- lo que pretendo es resaltar y profundizar un aspecto muy técnico y no tan desarrollado: ¿cómo se impugna un veredicto inmotivado?

Si bien existen autores que han trabajado profundamente este tema[4], la verdad es que aún el mayor esfuerzo de difusión y capacitación está orientado a explicar los aspectos generales del juicio por jurado y sus implicancias, pero sabemos muchos menos sobre qué hacer realmente en una audiencia de impugnación y cómo construir los agravios frente a un veredicto de culpabilidad [5]. Lo cierto es que a mi parecer este aspecto significa ahondar aún más el cambio de paradigma que comenzó con la implementación del sistema adversarial.

Esta profundización es necesaria porque si bien el sistema acusatorio adversarial fue un cambio, podremos ver a lo largo del trabajo que la impugnación de la sentencia en realidad se sigue trabajando desde una óptica inquisitiva. En otras palabras: la apelación de una condena producto de un juicio oral de un sistema acusatorio adversarial se realiza -al menos en la ciudad de Rosario- de la misma manera que se hacía previo al 2014 cuando regía un proceso penal con un fuerte tinte inquisitivo.

Con la implementación del juicio por jurado esto no es posible. La inmotivación del veredicto impone a los litigantes nuevas formas de estructurar los agravios e incluso de cómo plantearlos. Entender esto resulta fundamental para comprender acabadamente cómo funciona realmente el juicio por jurado.

Además, la posibilidad de impugnar el veredicto es una de las primeras cuestiones que se debaten al momento de criticar al juicio por jurados. Si bien hay diferentes tamices, la mayoría de los antijuradistas esgrimen dos argumentos que se interrelacionan: el primero es la supuesta imposibilidad de recurrirlo en razón de su inmotivación y el segundo respecto a la amplitud que el recurso debiera tener para cumplir con las exigencias del doble conforme y de las impuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en "Herrero Ulloa".

Por ello, explicaré cómo es que un veredicto inmotivado es perfectamente compatible con la garantía del doble conforme y, a su vez, por qué es posible un control lo suficientemente amplio para cumplir con los estándares marcados por la Corte IDH en "Herrero Ulloa" y la CSJN en "Casal".

Comenzaré -siguiendo la recomendación del Alberto Binder[6]- formulando una crítica al sistema de recursos de la justicia profesional. Realizaré un breve reconto del origen histórico y analizaré -con las limitaciones propias de la extensión de este trabajo- cómo es que se revisan las sentencias condenatorias al día de hoy en el sistema penal santafecino, lo que se podrá transpolar sin grandes diferencias a lo que ocurre en el resto del país y al ámbito federal.

Para referirme el sistema recursivo en un sistema de jurado clásico, analizaré cómo está regulado en el proyecto de ley -en adelante "proyecto de ley"- que logró media sanción en la Cámara de Diputados de la Provincia y tuvo estado parlamentario hasta el 30 de noviembre de 2019[7]- y que guarda grandes similitudes con el adoptado por la mayoría de las provincias, así como la jurisprudencia de los tribunales de apelación de la Provincia de Buenos Aires para poder concretizar los conceptos analizados.

2. Crítica al sistema recursivo de la justicia profesional.

Alberto Binder propone un cambio de enfoque en relación a las ponencias o trabajos relacionados con el juicio por jurado: dejar de justificar el porqué de los jurados mientras se acepta sin más al modelo de justicia profesional como modelo ordinario; "subyace una idea profundamente equivocada que consiste en una visión sobre la normalidad o naturalidad de los jueces profesionales"[8]. Por ello recomienda quebrar con ese modelo comenzando siempre por criticar a la justicia profesional.

En esa lógica, es que considero que hay varias cuestiones objetables al sistema recursivo de la justicia profesional: el origen o lo que podría ser su "naturaleza jurídica", las lógicas de litigio que utiliza y la amplitud de las cuestiones a debatir, por solo nombrar algunas. Analizar o poner en crisis estos conceptos ayuda a comprender completamente cómo es que funciona el sistema de revisión de un veredicto.

Todo esto, vale la aclaración, sin desconocer los grandes e importantes avances que la implementación de la ley 12.734 tuvo en el ámbito santafecino en todos los aspectos -incluida la revisión de la sentencia-. Pero el quid de la cuestión, considero, es entender que el modelo de disputa[9] que vino a implementar la ley 12.734 y las leyes complementarias -13.013, 13.014 y 13.018- abrieron un sendero que necesariamente debe culminar en la implementación del juicio por jurados.

En primer lugar, se puede decir que el sistema recursivo vigente en la provincia de Santa Fe, presenta caracteres que lo identifican más al sistema de investigación oficial[10] que atenta seriamente contra las garantías de defensa en juicio y derecho a una revisión de la condena.

Esto resulta coherente con la tradición jurídica latinoamericana y se corresponde con el origen que tuvo el sistema de recursivo vigente. Maier explica claramente que los recursos fueron mecanismos nacidos históricamente durante el desarrollo del procedimiento inquisitivo. Remedios como la apelación ante órganos superiores colaboraban en el control de la correcta aplicación de las reglas de administración de la justicia, ejercida por la autoridad que delegaba esas tareas sobre quien la recibía por delegación. [11]

Este sistema así concebido llegó hasta nuestros días, sobretodo en el ámbito del proceso penal. Los recursos no significan, al menos en primer lugar, una garantía procesal a favor del condenado, sino antes bien, un medio de control por tribunales superiores sobre el grado de adecuación de los tribunales inferiores a la ley del Estado.[12]

Sobre este punto Maier destaca tres circunstancias que conducen a esta apreciación: la organización judicial vertical, los recurso establecidos en forma de facultad bilateral y por último, la exclusión del jurado de enjuiciamiento, previsto constitucionalmente como una garantía procesal, reemplazado por tribunales integrado por jueces profesionales y permanentes. [13]

Efectivamente, podemos encontrar los tres aspectos en el sistema recursivo vigente en la provincia de Santa Fe:

  • La ley 13.018 diferencia entre Colegios de Primera y Segunda Instancia.
  • El art. 396 CPP faculta al Ministerio Público de la Acusación a interponer recurso de apelación contras los sobreseimientos y sentencias absolutorias.
  • A diciembre de 2019 sólo está previsto un juicio oral con jueces profesionales y permanentes.

Respecto al primero, Maier propone una organización judicial horizontal lo que haría que la implementación del recurso contra la condena de quien va a sufrirla sería bastante más sencilla. Todos los jueces, sin distinción, serían jueces del Estado que los instituye y desarrollan, en cada caso, la función que se les asigna. No resultaría necesaria la formación rígida de un tribunal integrado siempre con el mismo número de jueces que son necesarios para cumplir la misión encomendada. Tampoco sería necesario concebir al tribunal revisor como un tribunal superior, en sentido jerárquico, sino superior en sentido material para el caso en concreto.[14]

Este fue un aspecto que en parte tomó la legislación local al formar el colegios de jueces y eliminar las salas o los viejos juzgados con nominaciones. No obstante ello, aún conservó la organización vertical y denominó al recurso para revisar la sentencia como "apelación".

Por otro lado, habrá que determinar que se entiende por "apelación". Si con ello se considera que el tribunal revisor cuenta con "amplias facultades" para volver a revisar todos los aspectos del juicio, eso incidirá directamente en las formas de litigios en las audiencias de primera instancia y se perderá la noción del juicio oral como foco central del proceso penal. Esto resulta lógico, ya que si lo que va a determinar la suerte del imputado es la interpretación o la valoración del tribunal revisor, las partes litigarán no ya para convencer al juez, sino para que todo quede "registrado" y lo pueda observar el juez de la impugnación. Será así más importante el registro de los actos que los actos en sí mismo, con el agravante de que los jueces de segunda instancia resolverán sobre el fondo de la cuestión con menos y peor información.[15]

El segundo y tercer aspecto se encuentran, a mi entender, íntimamente relacionados. La bilateralidad de los recursos está ampliamente discutida y son muchos los autores que sostienen que no se debería admitir el recurso fiscal ante la sentencia absolutoria[16]. También es cierto que el hecho de que el Estado no posea un recurso contra la sentencia del tribunal de juicio, es propio de la historia cultural del juicio por jurados, donde el fiscal sólo tiene una posibilidad de poner en riesgo al acusado en relación a una condena y que el jurado cumple la función política de habilitar o cercenar la respuesta punitiva del Estado.[17]

No obstante a ello, se puede afirmar que existe consenso en admitir que el Estado no cuenta con un "derecho a recurrir" y que en modo alguno puede valerse de los pactos internacionales para reclamar ese "derecho", más allá que el legislador -por vía legal- le otorgue esa facultad.[18]

Justamente fue esta la postura del legislador provincial y a través del art. 396 del CPP facultó al Ministerio Público a recurrir. Esta posibilidad de los fiscales generó los riesgos que Maier anticipaba: conceder recurso al acusador significa una nueva instancia que, en caso de transformar la absolución originaria en una condena, como lo pretende el acusador, será sin duda, una condena de "primera instancia". Contra esa condena, no hay duda, entra en funcionamiento su "derecho al recurso" y su posibilidad de lograr la doble conformidad. [19]

Partiendo el análisis de que el recurso extraordinario no es un recurso eficaz para garantizar el recurso conforme el art 8.2h de la CADH[20], se tuvo que hallar otra solución. Es así que la Corte de Santa Fe en "Scalcione" ha dicho que ante la agravación de la condena, no existió doble conforme e importa una "nueva primera condena que, a los efectos de la doble conformidad que busca asegurar la cláusula convencional, se halla en pie de igualdad con la condena dictada por primera vez por el tribunal revisor que conoce en el recurso contra la absolución que revoca..." y remitiéndose a lo resuelto por la CSJN en "Duarte", entendió que "en la actual doctrina del Tribunal Interamericano no se exige que el tribunal revisor sea de superior jerarquía orgánica, por lo que -independientemente de la jerarquía- se respeta adecuadamente la garantía en tanto la revisión la realicen magistrados diferentes con competencia para modificar lo anteriormente decidido" [21] y resolvió que otros magistrados del Colegio de Cámara de Segunda Instancia podían "revisar" el fallo garantizando de esa manera el doble conforme.

En estos breves párrafos queda evidenciado que el sistema recursivo vigente conserva fuertes rasgos de la concepción del recurso como medio de control funcional haciendo mella de su origen escriturista y propio de la sistemas inquisitivo. Si bien la implementación del nuevo sistema penal representó un avance, la "apelación" como está concebida actualmente no llega a reflejar la garantía que debería representa para el imputado.

Más aún, admite que los operadores jurídicos lleven adelantes prácticas que son más propias de los sistemas inquisitivos en lugar de las dinámicas que exige el sistema acusatorio adversarial. Es este sistema el que permite que los jueces de cámara confirmen condenas -o peor aún, revoquen absoluciones- reeditando el juicio pero con menos información y de peor calidad. También induce a los litigantes a enfocarse más en el registro de los actos que en el juicio oral. Se pierde la "centralidad del juicio oral" y con ello "el juicio como la instancia por excelencia que hace operable la garantía de judicialidad que culmina en el acto aplicativo del derecho vigente al caso concreto".[22]

Por último, respecto de la amplitud de las cuestiones que pueden ser tratadas a través del recurso, tuvo que dictarse el fallo Casal[23] en el 2005 para que los tribunales de casación abandonen la interpretación restrictiva de su función y permitan una revisión amplia de los "hechos" de la condena. La CSJN señaló que teniendo en cuenta que la jurisprudencia internacional establece que la revisión de la condena debe ser integral, los únicos aspectos de la condena que no pueden ser reexaminados por la Casación son los que están íntimamente ligados a la inmediación. Es decir, aquellos aspectos excepcionales que se relacionen con ciertas consideraciones relativas a la prueba rendida ante los magistrados que sentenciaron, y que los jueces que revisan la condena por definición no pueden llegar a evaluar.

Vemos que fue la justicia profesional quien hasta el 2005 se limitó a controlar la aplicación de la ley al igual que los jueces franceses del siglo XIX, impidiendo que el condenado tenga un control integral de su condena. Por el contrario, veremos cómo desde hace siglos, el sistema de jurados lleva adelante un sistema de revisión amplio que jamás se preocupó por esa difusa diferenciación entre "hechos" y "derecho".

3. Posibilidad de revisar el veredicto.

Para comprender cabalmente el sistema recursivo ante jurados populares es necesario ubicar al recurso estrictamente como una garantía que tiene el imputado que resultó condenado.

Esto supone modificar la base político criminal del concepto de recurso. Siguiendo a Maier[24], esto es:

  • El recurso contra la sentencia se debe elaborar como una garantía procesal del condenado, que tiene derecho a que su sentencia sea revisada por un tribunal superior.
  • El recurso contra la sentencia ya no puede ser concebido como una facultad de todos los intervinientes en el procedimiento, sino como un derecho exclusivo del condenado a requerir la doble conformidad
  • El recurso debe ser lo suficientemente amplio para que permita revisar el fallo hasta admitir la máxima posibilidad de crítica que permita el carácter púbico y oral del debate.

Antes de comenzar a desarrollar estos tres aspectos, resulta importante comprender que lo fundamental no es que el imputado tenga un recurso contra la sentencia condenatoria, sino más que bien que esta sentencia pueda ser controlada.

Binder señala que se debe abandonar el análisis secuencial que nos lleva a la lógica del trámite en el proceso penal[25] y dejar de ver como un problema al recurso contra el veredicto. La cuestión no está en el medio impugnativo sino el control del veredicto y destaca cinco elementos que permiten concluir que el veredicto de un jurado popular puede ser íntegramente controlado: el litigio de las partes, las instrucciones del juez hacia el jurado, el juez de garantía dirigiendo el debate sin compromiso en la toma de decisiones y la deliberación del jurado. Todo esto, dice Binder, hace que la motivación pierda peso como garantía para el imputado.[26]

Sobre el rol de las partes, Binder destaca que en el juicio por jurados se resalta el rol que tienen las partes por ser ellas quienes litigan con exclusividad el caso. Con el abandono del procedimiento escrito y el advenimiento de una juicio oral y adversarial, los litigantes son los encargados de armar sus teorías del caso, seleccionar no solo las evidencias que utilizarán como prueba sino también el orden en que las presentarán y, sobre todo, son quienes impugnarán en la misma audiencia -a través de las objeciones- aquella información que consideran no es legítima que conozca el jurado. Esto resulta un cambio sustancial en las lógicas del litigio, empodera a las partes y permite un control horizontal de lo que sucede durante el debate.

Respecto de las instrucciones, más allá que las profundizaré en el próximo punto, adelantaré que son el nexo de cooperación que debe existir entre el juez técnico y los jueces legos. Esas instrucciones serán fundamentales para poder controlar que el veredicto sea conforme a derecho. Y nuevamente, las partes serán quienes litigarán la formulación de las instrucciones, ya que son ellas quienes manejan sus teorías del caso y están en mejores condiciones de sugerir -y litigar- el resultado final de las instrucciones. El rechazo de un pedido formulado por la defensa será el comienzo del agravio en caso de que el veredicto resulte de culpabilidad.

El tercer aspecto que destaca Binder para controlar el veredicto es la existencia de un juez de garantías que dirige el debate. Al no estar comprometido con la toma de decisión, el juez puede estar plenamente abocado en resolver las cuestiones propias del litigio y podrá resolver con mayor calidad las objeciones que realicen las partes.

En la actualidad, los jueces profesionales tienen una doble función: controlar el debate y decidir sobre el fondo de la cuestión. Esta perversión exige que los jueces estén atentos a las preguntas que realizan las partes durante los interrogatorios, decidiendo las objeciones y tomando nota de los elementos sustanciales para decidir al momento de la sentencia. O peor aún, en tribunales colegiados, se suele designar al presidente del tribunal para que resuelva las incidencias mientras que los restantes se mantienen atentos a los planteos de fondos. Esto resulta sumamente nocivo ya que el presidente del tribunal también deberá votar y deliberar sobre aspectos que lo límites propios de la atención no le permitieron atender.

En cambio la función del juez profesional durante el debate en un juicio por jurados está limitada a resguardar que la información que llegue al jurado sea únicamente la que cumpla con un determinado estándar de calidad.

Finalmente el último aspecto que destaca Binder es la deliberación: "el jurado obliga a rescatar una de las garantías procesales más olvidadas que es la deliberación. La deliberación es parte central en el proceso de control y estabilidad de una toma de decisión"[27]

Es incomparable en términos de calidad y cantidad la deliberación de un jurado con la de un tribunal colegiado. Es incomparable al punto que la justicia profesional contempla la posibilidad de tribunales unipersonales para en los delitos cuya pena sea menor a 12 años, por lo que directamente no existe la deliberación.

En un esquema clásico, el jurado está integrado por doce personas desconocidas entre sí que deben alcanzar un veredicto unánime -o altísimas mayorías para rendir un veredicto-. Automáticamente esto convierte a la deliberación del jurado en inevitable y, además con una profundidad que no tiene punto alguno de comparación con la que puede ofrecer la justicia profesional. [28]

Con jueces profesionales, el control de la sentencia únicamente se puede realizar a través de la motivación de la sentencia. Justamente, la función política de la motivación, dice Harfuch, es compensar los defectos de legitimidad que tienen los jueces profesionales.[29] Es esa la razón histórica de porqué se les exige a los jueces profesionales que expongan sus motivos y no porque se considere que sea más garantizador para el imputado.

Tomando la tesis de Taruffo -profeso antijuradista- respecto de la función endógena y exógena que tiene motivación de la sentencia, veremos que este análisis resulta plenamente realizable al veredicto.

La función exógena de la motivación es permitir el control de las partes y de la sociedad sobre las decisiones judiciales. Mientras tanto, la endógena tiende a lograr el autocontrol preventivo y racional del juez sobre su propio juicio.[30]

Respecto a los veredictos inmotivados, el control exógeno del jurado se obtiene a través del requerimiento fiscal, de las instrucciones del juez, del record del juicio y la sujeción absoluta al estándar probatorio de duda razonable ampliamente verificable y criticable en sede recursiva por el condenado.[31]

En cuanto al control endógeno se da por el hecho de que el veredicto se obtiene luego de que doce personas que no pertenecen al Estado, que son accidentales y recusables, deliberan hasta lograr unanimidad tanto para condenar o absolver.[32]

Son los mismos jurados quienes se controlan recíprocamente al deliberar y buscar consenso y acuerdos. A esto se le puede agregar los controles previos que se toman al confeccionar el padrón de potenciales jurados. En la mayoría de los ordenamientos, abogados, ministros de cultos religiosos, personal de alguno de los poderes del Estado y en general aquellas personas que podrían influir o sugestionar la opinión de otros jurados están directamente excluidas de los padrones.[33]

A partir de aceptar que el veredicto -no obstante ser inmotivado- es profundamente fundado y controlable, se puede ver con claridad que los tres aspectos que señala Maier como un cambio en la base política criminal de la concepción del recurso están presentes en los caracteres del jurado clásico.

El sistema recursivo del veredicto está íntegramente diseñado como una garantía, un resguardo adicional con el que el imputado cuenta para corroborar que el veredicto es legítimo y fruto de un juicio justo. Como tal, se veda al Ministerio Público y también a los acusadores particulares de impugnar el veredicto de no culpabilidad. El imputado es el único que puede solicitar que se realice un nuevo juicio, preservando de esta manera la garantía del ne bis in ídem.

Con relación a la amplitud que prevé el recurso, no se encuentra limitada en ningún aspecto más allá de los límites propios de la inmediación. Esta amplitud de la revisión es parte de la cultura jurídica del common law y las cortes superiores la vienen reivindicando mucho antes que la Corte Suprema de Justicia dictara el fallo "Casal".

En este punto, resulta fundamental la remisión al fallo dictado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el fallo "Taxquet v. Bélgica" (2010)[34] y más recientemente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en "V. R. P., V. P. C. y otros c. Nicaragua" (2018) [35], terminando con aquellas críticas a la inmotivación del veredicto era violatoria a las garantías convencionales.

Me referiré puntualmente al fallo dictado por la C.I.D.H por la trascendencia que tiene para los sistemas jurídicos latinoamericanos que el máximo tribunal de la región haya ratificado de manera categórica la validez convencional del veredicto general del jurado clásico, del voir dire, de las instrucciones del juez y de la íntima convicción del jurado como método de valoración de la prueba.

La C.I.D.H fue contundente en afirmar que la inmotivación del veredicto no implica una violación per se del art. 8.1 del del Pacto de San José de Costa Rica "toda vez que histórica y tradicionalmente el veredicto del jurado en un sentido clásico no exigía una motivación o exteriorización de la fundamentación, ya que la apreciación de la prueba se basaba en la íntima convicción de los juzgadores".[36]

En el parágrafo siguiente, citando el Caso Taxquet Vs. Bélgica del TEDH, definió que la fundamentación del veredicto no vulnera en sí misma la garantía de la motivación. En efecto, todo veredicto siempre tiene motivación, aunque como corresponde a la esencia del jurado, no se expresa. Pero el veredicto debe permitir que, a la luz de las pruebas y el debate en la audiencia, quien lo valora pueda reconstruir el curso lógico de la decisión de los jurados, quienes habrían incurrido en arbitrariedad en el supuesto en que esta reconstrucción no fuera viable conforme a pautas racionales. [37]

Se puede ver que el máximo tribunal entendió que el veredicto puede ser perfectamente controlado y que su inmotivación en modo alguno viola las garantías convencionales de la C.A.D.H.

En este sentido la Corte delineó aquellas características básicas que toda ley de jurados debería contemplar para respetar los estándares convencionales, y destacó que debe existir[38]:

  • una etapa destinada a asegurar la imparcialidad del tribunal de jurados que permita a las partes recusar con y sin causa (audiencia de desinsaculación, selección de jurados o voir dire).
  • Un control de admisibilidad de la prueba por parte del juez técnico
  • Un litigio adversarial que permita el completo control de las partes (acusación y defensa)
  • Instrucciones obligatorias del juez al jurado sobre el derecho aplicable (el proceso nicaragüense las contemplaba de manera voluntaria)
  • El poder del juez para anular un veredicto de culpabilidad del jurado y para provocar un nuevo juicio, cuando dicho veredicto de condena resulte manifiestamente contrario a la prueba producida en el proceso.
  • La facultad de las partes o del juez, tras el resultado del veredicto de indagar a los jurados individualmente sobre la efectiva existencia de unanimidad en la decisión del veredicto.

4. El sistema de impugnación en el juicio por jurado.

Lo primero que hay que señalar para comprender el sistema de recurso en un proceso con jurado es realizar la distinción entre sentencia y veredicto. Con un juez profesional, encuentran concentrados en un mismo instrumento. En cambió en un juicio por jurados son cosas distintas. Esto permite que los filtros de control del juicio sean muchos mejores. Justamente estos controles a los que hacía referencia en el punto anterior, permiten concluir que el veredicto no es más que un juicio subjetivo de convicción, consecuencia de los antecedentes necesarios que se identifican como las instrucciones del juez y el estándar de duda razonable.[39]

En otras palabras: el veredicto es el desenlace necesario de todo lo que lo precedió. El abogado anglosajón jamás va a discutir el veredicto en sí mismo. Su agravio estará direccionado a demostrar que por alguna decisión errónea del juez en alguno de los momentos previos, el imputado no tuvo un juicio justo, el jurado no fue correctamente integrado, instruido y/o no tomó su decisión en base a la prueba producida, por lo que solicitará un nuevo juicio ante un jurado diferente.

Tomando como base el proyecto que cuenta con media sanción en la Provincia de Santa Fe, en su art. 89 establece que la impugnación de la sentencia condenatoria o las que impongan una medida de seguridad tendrán -además de las que prevé el Código Procesal Penal- los siguientes motivos específicos:

  • La inobservancia o errónea aplicación de las reglas referidas a la constitución y recusación del jurado y a la capacidad de sus miembros.
  • La arbitrariedad en la decisión que rechace o admita medidas de prueba, de modo que se hubiera cercenado el derecho de defensa en juicio y se hubiera condicionado la decisión de jurado.
  • Cuando se hubieran cuestionado las instrucciones brindadas al jurado y se entendiera que éstas pudieron condicionar su decisión.
  • Cuando la sentencia condenatoria o la que impone una medida de seguridad se derive de un veredicto del jurado que sea arbitrario o que se apartare manifiestamente de la prueba producida en el debate; y
  • Sólo a pedido del acusado, el tribunal revisor puede dejar sin efecto cualquier sentencia condenatoria o que impone una medida de seguridad derivada del veredicto del jurado y ordenar un nuevo juicio si el interés de la justicia así lo requiere.

Estas causales son coincidentes con las que establecen los Código de la mayoría de las provincias donde ya se implementó el juicio por jurado, como es el caso de Buenos Aires[40], Neuquén[41], Rio Negro[42], Chaco[43], entre otras.

Como se puede apreciar, esta forma de regular la impugnación de una sentencia es específica de jurados populares. Los apartados (a) y (b) se refieren a decisiones jurisdiccionales que sucedieron antes del debate oral, el apartado (c) durante y el (d) luego de finalizado y ante un veredicto de culpabilidad.

4.1 La inobservancia o errónea aplicación de las reglas referidas a la constitución y recusación del jurado y a la capacidad de sus miembros.

El primer inciso hace referencia a un instituto específico del juicio por jurado: la audiencia de selección de jurado o voir dire y a la consecuente imparcialidad del veredicto.

El término voir dire proviene del juramento solemne que prestaban los antiguos jurados medievales de que se pronunciarían con verdad ante el asunto que se ponía frente a ellos. El concepto nació en Francia y se mantuvo hasta nuestros días para denominar la audiencia donde se seleccionan a los jurados.[44]

Esta audiencia se encuentra directamente vinculada a la garantía de imparcialidad del veredicto y siguiendo los patrones definidos por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en el fallo "Patton vs. United States" (281U.S.276)[45] de 1930, constituye una de las notas distintivas de un jurado clásico.[46]

Sobre este tópico, Maier indica que el calificativo "imparcial" aplicado a la definición de un juez, o la nota de imparcialidad, aplicada a la definición de su tarea, cuando no se los trata como un ideal, sino como un intento de aproximación a él en la vida práctica, no puede representar un absoluto, sino a una serie de previsiones que se corresponden siempre a un tiempo y un sistema determinado. Esas previsiones se han definido sintéticamente como neutralidad y puede ser esquematizada por tres máximas fundamentales: la independencia de los jueces de todo poder estatal que pueda influir en la consideración del caso; la imparcialidad del juez frente al caso mismo y la garantía de juez natural para evitar toda manipulación de los poderes del estado para asignar a un caso un tribunal determinado.[47]

Ante esta imposibilidad de definir en concreto la imparcialidad, se recurrió al concepto de prejuicio y se lo definió como la incapacidad del juzgador para decidir el caso desde la prueba. [48]

A través del voir dire se evidencia el enorme control que las partes tienen sobre el veredicto al participar directamente en la constitución del jurado. Esto es una lógica diametralmente opuesta a la del civil law, donde la recusación con causa no sólo es difícil de demostrar sino que además puede provocar la apatía del Juez para con la parte que lo recusa, lo que implicaría un doble problema para el litigante.

En el common law, los litigantes tienen la oportunidad de deseleccionar[49] a aquellos jurados que según su análisis, jamás podrían aceptar su teoría del caso. Para ello cuentan con diferentes herramientas, como por ejemplo cuestionarios previos que los potenciales jurados deben llenar y concretamente la audiencia, donde tienen la oportunidad de interrogar a los potenciales jurados en forma grupal o individual. Vale aclarar que la audiencia de selección, como cualquier otra, debe ser videograbada y los jurados deben responder las preguntas bajo juramente de decir verdad.

Resulta remota la posibilidad que un litigante en el sistema actual interrogue al juez profesional respecto a sus opiniones o experiencias previas. En el sistema de jurados esta situación es normal, natural y completamente necesaria. Se les da ambas partes la chance de desechar a través de las recusaciones a todos aquellos jurados que en base a la información recolectada, consideren que al margen de la evidencia que les exhiban jamás estarán en condiciones de aceptar su teoría del caso.

Esto supone un enorme poder y sobre todo una garantía de que los jurados que finalmente sean seleccionados, serán el mejor jurado posible para ese caso en concreto. Es lógico concluir entonces que si las partes tuvieron la posibilidad de quitar aquellos jurados que consideraron parciales, el veredicto que dicten aquellos que no fueron excluidos reviste de una legitimidad y una imparcialidad que al menos cumple un cierto estándar controlado por las partes.

En caso contrario y ante un veredicto de culpabilidad, el defensor tendrá amplias facultades -y elementos- para poder argumentar y tratar de demostrar ante el tribunal revisor que esta garantía fue violentada, por ejemplo al haber denegado recusaciones de la defensa.

El proyecto de ley en la Provincia de Santa Fe dispone en su Título V los diferentes sorteos y audiencias que se deben realizar para llegar a la formación del jurado.

En primer lugar dispone que la Oficina de Gestión realice un sorteo en presencia de las partes y en base a padrones previamente confeccionados. El sorteo se realizará con bolillas numeradas y se seleccionarán 36 personas respetando paridad de género. Los primeros 14 integrarán el panel titular -12 titulares y dos suplentes- y se irán reemplazando en el caso de que existan excusaciones y recusaciones en la audiencia de selección. Esta audiencia se encuentra regulada a partir del art 27 y se realiza con el fin de que las partes formulen preguntas a los potenciales jurados.

Cada una de las partes tiene derecho a recusar sin causa a cuatro jurados, y con causa de manera ilimitada. Las recusaciones no pueden estar basadas en motivos discriminatorios de ninguna clase. En caso de existir multiplicidad de partes, acusadores y acusados procurarán actuar de mutuo acuerdo para indicar los candidatos que recusan sin causa. De no mediar acuerdo, se decidirá por sorteo el orden en que las partes acusadoras o acusadas pueden formular la recusación. El juez garantizará que cada una de las partes pueda recusar sin causa al menos a dos potenciales jurados, manteniendo siempre la misma cantidad de recusaciones sin causa entre acusación y defensa.

Los motivos de la recusación con causa están regulados en el art. 31 y se refieren a: (a) que no es elegible para actuar como tal; (b) que tiene parentesco de consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado con el acusado, su abogado, el acusador, con la persona que se alega agraviada o con aquélla cuya denuncia motivó la causa; (c) que tiene con el acusado o con la persona que se alega agraviada relaciones de tutor y pupilo, de abogado y cliente, de patrón y empleado, o de propietario e inquilino; que es parte contraria al acusado en una causa civil, o que lo ha acusado o ha sido acusado por él en un proceso criminal; (d) que ha actuado en un jurado que ha juzgado a otra persona por los mismos hechos que motivan la acusación, o ha pertenecido a otro jurado que juzgó la misma causa, o que tiene conocimiento personal de hechos esenciales en la causa y (e) que no puede juzgar la causa con completa imparcialidad.

En caso de que durante el desarrollo de este complejo proceso hubiere una irregularidad que el litigante no consintió y en la audiencia de revisión pudiere demostrar que ello significó que el imputado no tuvo un jurado imparcial, podrá solicitarle al tribunal revisor que anule el veredicto y ordene la realización de un nuevo juicio ante un nuevo jurado.

En ese mismo sentido, el abogado defensor podrá agraviarse de los motivos que el juez esgrima para denegar una recusación con causa realizada. Es decir cuando el abogado defensor solicitó que se excluya algún jurado por algunos de los motivos antes señalados y el juez denegase esa petición. En ese caso, el abogado defensor debería poder argumentar -y demostrarle al tribunal revisor- que el jurado no fue parcial y por eso corresponde la realización de un nuevo juicio.

Considero que la situación inversa, es decir que el Fiscal solicite la recusación con causa de un potencial jurado, el defensor se oponga y el juez resuelva a favor de la Fiscalía no daría lugar a agravio ya que significa que el defensor consintió al resto de los jurados que finalmente fueron seleccionados.

4.2 La arbitrariedad en la decisión que rechace o admita medidas de prueba, de modo que se hubiera cercenado el derecho de defensa en juicio y se hubiera condicionado la decisión de jurado.

Siguiendo la lógica de la teoría del control, un aspecto vital será la prueba que se le exhibe al jurado. La cultura anglosajona ha comprendido que el derecho probatorio es fundamental en la construcción de juicios justos y por ello tiene un amplio desarrollo en este tipo de audiencias.

En nuestro sistema jurídico, pienso que hay que diferenciar dos momentos de la prueba: el primero es cuando se la ofrece en la audiencia preliminar -art. 22 del proyecto de ley- y la otra es al momento de su producción en el debate -art. 50-.

El art. 22 refiere que la audiencia preliminar se desarrollará conforme la ley 12.734 y conforme con lo previsto por la ley. Esto significa que las partes deberán concurrir -como lo hacen en la actualidad- a una audiencia ante un juez técnico con un doble objetivo: acreditar que la acusación tiene elementos serios para obtener una condena -lo que en algunos sistemas del common law se hace a través del Gran Jurado- y, ofrecer y controlar la prueba que las partes pretenden utilizara en el juicio -lo que en Estados Unidos se denomina discovery-.[50]

Por disposición del art. 303 del CPP, el juez se deberá expedir admitiendo o rechazando la acusación y lo mismo deberá hacer respecto de la prueba ofrecida. Si bien de la interpretación aislada del art. 304 según ley 13.746 surgieron algunas dudas respecto de que si el auto interlocutorio que resuelve la audiencia preliminar es uno distinto al que ordena la apertura a prueba, se ha entendido de que efectivamente son dos resoluciones: una que resuelve la etapa intermedia -recurrible- y otra que ordena la apertura del juicio -irrecurrible-.[51]

Por lo tanto si contra la primera resolución cabe el recurso de apelación, el abogado defensor que se agravie por un rechazo arbitrario de un elemento de prueba tendrá la posibilidad de recurrir ante la Cámara de Apelaciones a fin de que revise esa decisión.

Entonces si una de las funciones de la etapa intermedia es la de filtro y depuración del juicio, deviene como una cuestión necesaria y hasta imprescindible evitar discusiones y controversias que sean ajenas o extrañas al fondo del asunto en pos de preservar la concentración y la inmediación.[52]

Además, permitir que en la audiencia de debate se reediten discusiones en torno a la admisibilidad de la prueba desnaturalizaría los fines y fundamentos de la audiencia preliminar. El juicio no es un lugar de investigación sino de prueba y esas pruebas son las que se presentan en la audiencia preliminar y son admitidas como pertinentes y relevantes para el juez. Si bien no se contaminaría al jurado ya que estas discusiones deberían realizarse sin que estén presentes - ya sea porque se los retiró de la sala o en el despacho del juez- habremos gastado tiempo y recursos en toda una fase de preparación sin mayor sentido.[53]

Eso no obsta, claro está, a que el abogado defensor pueda alegar en una audiencia de impugnación que el imputado no tuvo un juicio justo porque se condicionó al jurado al exhibirle una prueba que no debería haber sido admitida. Por ejemplo, podría ocurrir el caso de que la defensa se oponga en la audiencia preliminar a la admisión de las fotografías de la autopsia por ser altamente impresionantes y no aportan un hecho relevante a la teoría del caso de la fiscalía. Si el juez técnico la admite, cabe como dijimos el recurso de apelación. Si el juez de cámara rechaza el planteo de la defensa, entiendo que esa discusión no podría reeditarse durante el juico por los motivos que desarrollé anteriormente. Sin embargo, el litigante defensor podría construir su agravios a partir de demostrar cómo fue que la exhibición de esas fotos condicionó al jurado que condenó pese a no existir otros elementos serios de convicción.[54] Considero que el esfuerzo argumentativo deberá ser necesariamente mayor debido a que dos jueces admitieron la prueba, pero también destaco que en realidad sería otro agravio: mientras que el primero es una probabilidad de que se condicione al jurado, en el segundo debería argumentarse en concreto por qué determinada evidencia condicionó al jurado, que de no haberla conocido no habría condenado y por lo tanto no fue un juicio justo.

Lo mismo podría ocurrir frente al rechazo de una evidencia ofrecida por la defensa. En la audiencia de impugnación, el defensor debería argumentar por qué la evidencia rechazada en las etapas preliminares impidió demostrar algún hecho relevante a la teoría del caso que hubiere permitido al jurado votar por la no culpabilidad y por lo tanto privó al imputado de tener un juicio justo.

Realizada esta aclaración, ahora analizaré a la hipótesis contemplada en el art. 50 del proyecto de ley.[55]

Este artículo se está refiriendo concretamente a las cuestiones probatorias que sucedan durante el juicio, como podría ser la resolución del juez que hace lugar o no a una objeción respecto a determinadas preguntas que se les realizan a los testigos. También en cuestiones relativas a "prueba sobre prueba" o prueba nueva.

En el juicio por jurados el juez técnico deberá ser muy celoso en cuanto a la prueba que admite procurando evitar cualquier prejuicio sobre el jurado.[56] En este aspecto, considero que con acierto el proyecto de ley prevé que los antecedentes y condenas anteriores del imputado así como las constancias de legajo no podrán ser conocidas por el jurado.[57] Esta es una garantía del imputado de tener un juicio justo, donde los hechos se determinen en función de la prueba que se produzca y no en base a prejuicios.

En el fallo Mazzon -primera sentencia recurrida producto de un juicio por jurados en la Provincia de Buenos Aires- la defensa se agravió por la denegación arbitraria de prueba por parte del juez. Durante el debate se le negó a la defensa que uno de los peritos fuera interrogado respecto del contenido de un informe toxicológico porque durante el examen dijo no recordar haber realizado una pericia química al acusado.[58]

Más allá de lo que resolvió el tribunal revisor[59], se puede ver cómo funciona el sistema recursivo en la práctica y la enorme amplitud con la que se desarrolla, desmintiendo así las falsas creencias que existen sobre ello.

Concretamente, si durante el debate el Juez rechaza alguna objeción planteada por la defensa y permite una actividad probatoria por parte de la fiscalía o la querella que sea susceptible de generar un prejuicio en el jurado, el defensor podrá impugnar ese veredicto de culpabilidad argumentando por qué la objeción estuvo mal rechazada y cómo eso condicionó al jurado.

Las profundas discusiones que este sistema permite sobre la evidencia son impensadas en una justicia profesional. Necesariamente los litigantes deben seleccionar la evidencia de una manera muy estratégica, al igual de las discusiones que pretendan llevar adelante. El mérito del sistema por jurado es justamente permitir este tipo de debates, lo que será el primer paso para construir los agravios de la impugnación en caso de un veredicto absolutorio.

De esta forma se puede ver concretamente porqué decimos que no es necesaria una sentencia motivada para poder construir los agravios. Los argumentos serán fruto de las amplias discusiones que las partes pueden dar en las etapas previas y durante el juicio.

4.3 Cuando se hubieran cuestionado las instrucciones brindadas al jurado y se entendiera que éstas pudieron condicionar su decisión.

Las instrucciones son otra institución que, junto a la audiencia de selección de jurados, integran las notas más distintivas de un jurado clásico.

Por medio de las instrucciones al jurado, el juez le transmite al jurado en qué consiste su función, especialmente que tiene la obligación de juzgar al acusado solo a base de la prueba que se admite en el juicio.[60]

Desde un punto de vista procesal, las instrucciones son el modo en que el juez le transmite al jurado el derecho penal, procesal, probatorio y constitucional que se aplican a los hechos ventilados en el juicio. Desde la teoría de los sistemas, las instrucciones son el vínculo comunicacional por excelencia entre el juez y el jurado.[61]

Existe una errónea concepción de la tarea que tiene el jurado. Se ha repetido en varias ocasiones que "el jurado es el juez de los hechos y el juez profesional del derecho". Efectivamente esto es así, pero el error está en que no significa que el juez profesional pueda aplicar el derecho que él considere. El juez técnico en un modelo clásico no es el encargado de calificar los hechos que definió el jurado, ni mucho menos considerar que aplican causales de justificación o exculpación. El juez técnico es el juez del derecho porque es el único encargado de darle al jurado el derecho aplicable y el medio para hacerlo son las instrucciones.[62]

En lo que de la revisión se trata, las instrucciones resultan fundamentales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos recientemente ha dejado en claro que el juicio por jurado no vulnera los derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos y reconoció a las instrucciones como una garantía de interdicción de la arbitrariedad de la decisión.[63]

El proceso de construcción de las instrucciones se da con una plena intervención de las partes que en una audiencia en particular litigarán cuales serán las que finalmente se les entregará al jurado. Resulta fundamental para que proceda el recurso que la defensa haya objetado oportunamente aquella instrucción o la parte de ella con la que no está conforme para poder agraviarse al momento de impugna la sentencia.

Finalizados los alegatos de clausura se les hace entrega por escrito a todos los jurados de las instrucciones que las partes litigaron y además se les explica verbalmente a todos. Luego esas instrucciones deberán integrar, junto al veredicto, la sentencia que realiza el juez técnico.

Ante un veredicto de culpabilidad, el abogado defensor utilizará las instrucciones para poder agraviarse frente al tribunal revisor. Podrá argumentar que los estándares probatorios, el tipo penal, las causales de justificación, la forma de valorar la prueba y todas aquellas cuestiones que hayan sucedido durante el juicio que no fueron correctamente explicadas; o bien que la instrucción que él propuso y el juez desechó explicaba mejor esa determinada cuestión.

De esta forma queda reflejado no sólo que el abogado defensor cuenta con herramientas para poder esquematizar su recurso sino también la profunda amplitud que tiene para impugnar.

El proyecto de ley santafecino contempla unas instrucciones iniciales donde se el Juez les debe explicar cómo se desarrolla un juicio, qué es prueba y qué no lo es, por cuáles delitos se juzga al acusado/a y los principios constitucionales fundamentales que deberán observar, especialmente el alcance del estándar probatorio de duda razonable. También les advertirá que, al finalizar el debate, les impartirá instrucciones finales con la explicación precisa de los delitos y de las cuestiones jurídicas a resolver.

Finalizado los alegatos de clausura, el proyecto de ley en su art. 64 recepta la audiencia de elaboración de instrucciones a la que hice referencia anteriormente. En ella el juez luego de escuchar a las partes y determinar las instrucciones finales confeccionará el o los formularios con las distintas propuestas de veredicto respecto de cada imputado.

4.4 Cuando la sentencia condenatoria o la que impone una medida de seguridad se derive de un veredicto del jurado que sea arbitrario o que se apartare manifiestamente de la prueba producida en el debate;

Este es el motivo de impugnación más controvertido porque implica que el juez técnico deseche el veredicto del jurado. Pero justamente esto demuestra la enorme posibilidad del condenado a obtener una revisión real de la sentencia.

En la doctrina se los llama "veredictos arbitrarios". Se llaman así a aquellos veredictos de culpabilidad que se apartan manifiestamente de la prueba de los hechos presentados en juicio. Es el mecanismo por el cual se controlan y revisan primordialmente los hechos valorados por el jurado para obtener una condena. [64]

Surgen así dos interrogantes, el primero es ¿Cómo hace un tribunal revisor para llegar a la conclusión de que el veredicto es arbitrario? Y el otro ¿hasta qué punto puede el tribunal de impugnación entrometerse en el veredicto unánime de personas que presenciaron de primera mano la prueba rendida en juicio?

Respecto del primer interrogante, el common law, lo tiene bastante resuelto. A continuación desarrollaré brevemente el test del jurado razonable utilizado por la Corte de Canadá y las variaciones que se han realizado en diferentes jurisdicciones para terminar citando algunos ejemplos de la jurisprudencia local sobre este punto.

El test de jurado razonable o también llamado el test de Yebes/Biniaris tiene su origen en el fallo R. v. Yebes (1987) dictado por la Corte Suprema de Canadá y luego perfeccionado a través del fallo R. v Biniaris (2000) de la misma corte. Este test consiste en que los jueces del recurso se pregunten a sí mismos si el veredicto es aquel al que un jurado debidamente instruido, y actuando conforme a derecho, podría razonablemente haber rendido.[65]

Este tipo de test son utilizados desde hace mucho en nuestra cultura jurídica, como por ejemplo con la teoría de la equivalencia de la condiciones para determinar el factor de atribución. También en el ámbito de los delitos culposos para definir cuál hubiera sido la conducta exigible al caso concreto interrogándose a sí mismos: ¿qué hubiera hecho en el caso concreto un conductor razonable, con las mismas capacidades del autor?

En el fallo R. v. Biniaris, la misma Corte perfeccionó este test y estableció que cuando el juicio sea por jurados y el acusado impugne la condena por ser contraria a la prueba, la corte revisora seguirá un test de valoración objetivo-subjetiva bajo el método de la revisión integral de toda la prueba producida en el debate, para luego extraer sus conclusiones e inferencias propias sobre si superó o no el estándar de duda razonable.[66]

La base objetiva de la que habla, se deberá construir a partir de la requisitoria del fiscal, los alegatos de las partes, las instrucciones impartidas por el juez, el registro íntegro del juicio y el litigio en la audiencia de revisión. Muy excepcionalmente podrán hacer comparecer nuevamente a un testigo. Hay que destacar que ante una sentencia de un juez profesional, el mecanismo es idéntico, solo que esa base objetiva se construye únicamente a partir de la sentencia motivada del juez.

Con la base objetiva articulada, junto a una valoración integral de la prueba producida en juicio deberá extraer inferencias que permitan sustentar que el jurado, al arribar al veredicto de culpabilidad, pudo no haber estado actuando conforme a derecho. Actuar conforme a derecho significa en este contexto, llegar a una conclusión que no entre en conflicto con la mayor parte de la experiencia judicial.[67] Esta es la base subjetiva, de ahí que se lo llame test objetivo-subjetivo.

Este test es, a grandes rasgos, el utilizado en el common law y también el que comenzaron a utilizar por los tribunales de impugnación argentinos. No obstante a ello, existen algunas variaciones.

En Australia, surgió el test de la valoración independiente. Es muy similar al test objetivo-subjetivo pero en cambio de "imaginar" un jurado hipotético que esté debidamente instruido, se debe utilizar al propio tribunal. "La corte de Apelaciones debe hacer su propia valoración independiente de las pruebas y determinar, si con las naturales limitaciones existentes de proceder total o parcialmente sobre los registros taquigráfico, se probó que el acusado fue encontrado culpable más allá de toda duda razonable."[68]

Este test se encuentra vinculado con el segundo interrogante que planteé precedentemente en el sentido de que el tribunal se inmiscuye profundamente en el veredicto del jurado, algo a lo que me referiré más adelante.

En Inglaterra se elaboró otro test, el de la duda persistente. Consiste en elaborar una base objetiva de la misma manera que en el test Yebes/Biniaris, pero en el ejercicio subjetivo, los jueces ingleses se hacen la siguiente pregunta ¿permanece todavía en nosotros alguna duda persistente con la condena? Si responden que sí, revocarán. Si responden que no, confirmarán.[69]

En Nueva Zelanda, se utiliza el test "Ramage". Es prácticamente similar al test de jurado razonable. Harfuch[70] lo explica claramente de la siguiente manera:

El test canadiense de Yebes/Biniaris dice: "el tribunal debe determinar, sobre la totalidad de las pruebas, "si el veredicto es aquel que un jurado, debidamente instruido y actuando conforme a derecho, podría haber razonablemente rendido.

El test de "Ramage", en cambio se aparte ligeramente y agrega: "un veredicto será arbitrario o que no estará sostenido por la prueba producida en el juicio 'si la Corte considera que un jurado, actuando razonablemente, debió haber considerado una duda razonable acerca de la culpabilidad del recurrente'".

Se intenta resaltar que debe existir una vinculación total entre el veredicto de condena con un necesario antecedente de culpabilidad más allá de toda duda razonable.

Finalmente, en Estados Unidos, se utiliza el test de la prueba insuficiente. Las cortes de apelaciones americanas deciden si la prueba de los hechos era o no suficiente para abastecer el estándar de prueba más allá de toda duda razonable. Funciona de la siguiente manera: los jueces revisores "observan" la prueba del juicio mirando primero la prueba que más favoreció a la fiscalía. Si esa prueba directamente no los convence, entonces el veredicto es arbitrario y la condena debe ser revocada. En cambio, si las prueba sí los convence, entonces considerán todo el resto de la prueba. Una vez que terminan, se preguntan si cualquier determinador racional de los hechos podría igualmente haber probado esos hechos y la culpabilidad más allá de toda duda razonable.[71]

En cuanto a la jurisprudencia local, se podría afirmar que se inclinó por adoptar el test Yebes/Binaris. En este sentido se destaca el fallo Castillo[72] de la Sala IV de la Cámara de Casación de Provincia de Buenos Aires en donde los jueces analizaron concretamente si debían aplicar "el test del jurado razonable" (Yebes/Biniaris) o bien el "test de valoración independiente" (el sistema utilizado en Australia), aplicando finalmente el primero.

Surge más claro de qué manera se debe revisar un veredicto que fue tachado como arbitrario. Como se puede advertir de la lectura de los diferentes tests, existe una fuerte intromisión del tribunal revisor al veredicto arribado por el jurado. Esta es una relación muy sensible, ya que toda la legitimidad y los controles que desarrollé en los párrafos anteriores podrían ser letra muerta ante un Tribunal que considere arbitrario el veredicto.

Sin embargo, la interpretación debe ser al revés. El sistema recursivo del juicio por jurado es tan amplio que le da la posibilidad al imputado que fue declarado culpable de manera unánime por un jurado de doce personas de que un tribunal de impugnación revise y corrobore que actuó conforme a derecho.

De todas formas, y ya comenzando el análisis del segundo interrogante, las cortes son muy mesuradas al momento de revocar un veredicto. Son conscientes que los jurados estuvieron en mejores condiciones para valorar la prueba producto de la inmediación y la concentración propia de las audiencias.

Ello no significa en modo alguno que los tribunales revisores se limiten a revisar algún aspecto del caso -como si lo hacía la Cámara de Casación hasta el fallo "Casal"- sino todo lo contrario. Ellos realizan un profundo control de los hechos, pero restringidos al límite lógico de la inmediación. Es muy difícil que las cortes revisoras interfieran con los veredictos de culpabilidad del jurado y los sustituyan.

Si bien las posibilidades son plenas e irrestrictas, la práctica indica que las cortes revisoras son renuentes a revocar veredictos de los jurados.[73] Esto no difiere en modo alguno con las cámaras de apelaciones y casación de la justicia profesional del país que también lo son; basta con revisar las estadísticas de cualquier poder judicial para corroborarlo. La diferencia fundamental se encuentra en la legitimidad de ambas decisiones, a la que me referiré más adelante.

Retomando las críticas que le hacía a la justicia profesional, una de ellas era que se perdía la centralidad del juicio oral. En el juicio por jurado esto no es así. Los jueces revisores tienen un profundo respeto del veredicto por son conscientes de que son producto de los múltiples controles que les impone el sistema y que desarrollé en este breve trabajo.

4.5. Veredictos Direccionados o JNOV (judgment not withstanding the veredict)

Si bien por un orden metodológico es el último "recurso" que expondré ya que prácticamente no ha sido receptado en nuestro país[74], en el common law es el primero que el acusado puede interponer ya que se solicita directamente al juez que dirigió el debate.

En rigor de verdad, el veredicto direccionado es una moción -motion judgment of acquittal o también conocida por las siglas JNOV por juicio non obstante veredicto o "judgment notwithstanding the veredict - que el acusado le solicita al juez del debate para que absuelva al imputado cuando la fiscalía fracasó completamente en demostrar la culpabilidad por la absoluta insuficiencia de prueba y el jurado igualmente condenó. Harfuch lo desarrolla como un tipo de veredicto direccionado por insuficiencia probatoria[75] que el common law lo recepta tanto para los juicos penales y civiles. En el fallo "Carlisle"[76] (1996), la Corte de los Estados Unidos lo ubicó dentro del sistema de recursos.

Al igual que el punto anterior, esta moción implica una tensión entre el juez y el jurado porque implica que el juez "le saque el caso al jurado" ya sea absolviendo antes de que se expida el jurado o directamente que se aparte del veredicto y absuelva. En cualquier caso, el juez nunca se podrá apartar del veredicto de no culpabilidad. Asimismo, más allá de las tensiones que genera en el plano teórico, los jueces en muy raras y excepcionales ocasiones hacen lugar a este tipo de mociones.

Como antes señalé, este es el primer control que el common law prevé sobre los estándares probatorios que se deben cumplir para condenar a un individuo.[77] Surge como una "protección del inocente que es encontrado culpable por un fracaso del jurado en el cumplimento de su obligación de emitir un veredicto de culpabilidad sólo allí cuando las evidencias resultan suficientes para satisfacer la regla de comprobación más allá de toda duda razonable"[78].

El veredicto direccionado se encuentra previsto en la regla 29 de las disposiciones federales que regulan el procedimiento criminal y establece tres momentos para presentar la moción: el primero es cuando el fiscal terminó de presentar todas las pruebas de la acusación; el segundo cuando ya se produjeron todas las evidencias admitidas en el juicio y el fiscal formuló su alegato y el tercer momento es hasta siete días posteriores al dictado del veredicto, pero siempre antes de que el juez dicte sentencia.[79]

Respecto del primer momento -finalizada la producción de prueba de cargo-, por lo general se la plantea cuando el Fiscal no logró hacer comparecer a sus testigos más esenciales o bien por alguna cuestión probatoria se excluyó evidencia fundamental. En cuanto al segundo momento -finalizado el alegato de clausura del acusador-, la regla faculta al juez para diferir su decisión y expedirse únicamente en caso de que el jurado dicte un veredicto de culpabilidad.

Veamos cómo utilizan esta moción los litigantes anglosajones. Como dijimos, esta moción rara vez es aceptada por el juez, pero es frecuentemente utilizada por los litigantes luego de un veredicto de culpabilidad. El sentido de esto es que la regla no requiere que la moción sea fundada pero sí la decisión que lo rechaza judicial que lo rechazó. Esto resulta un buen punto de partida para que el defensor comience a estructurar los agravios de una mejor manera. Por otro lado, es poco utilizada antes del veredicto porque mientras que el fiscal carece de recurso contra el veredicto de no culpabilidad, sí dispone de uno frente a la absolución judicial, por lo que si el caso de la defesa está sólidamente conectado con la evidencia presentada o el de la fiscalía ha quedado en una débil posición, es preferible dejar que el jurado resuelva, máxime cuando aún tiene disponible la posibilidad de requerir una absolución judicial luego del veredicto. [80]

Como señala Harfuch, el JNOV se basa en la insuficiencia probatoria y se resuelve absolviendo el imputado. Sin embargo, el apartado d) de la regla 29 establece una situación excepcional de resolver la realización de un nuevo juicio.

La decisión que se realice un nuevo juicio generalmente se vincula a una modificación sustancial del peso de la evidencia derivada de una exclusión de una prueba relevante. La concesión de un nuevo juicio "tiene el propósito de que el fiscal pueda producir aquella evidencia excluida a través de prueba que indique un camino independiente de aquel que condujo a la nulidad"[81]. En otras palabras, el fiscal presentó un caso sólido que se puso en crisis por un conocimiento adquirido durante el debate que derivó en la exclusión de evidencia. De haber sabido eso, el fiscal habría podido ofrecer prueba que por otro sendero llegue a la misma meta.

Justamente esto conceptos fue los que confundió, según Schiavo, el legislador bonaerense. El art. 375 bis, párrafo 2do del código Procesal Penal reza lo siguiente: "Si el Juez estimare que el veredicto de culpabilidad resulta manifiestamente contrario a la prueba producida en el proceso procederá por resolución fundada a decretar su nulidad, ordenando la realización de un nuevo debate con otro Tribunal. Su decisión será irrecurrible".

Por un lado, el Juez entendió que el jurado condenó apartándose de la prueba producida, es decir que de los elementos de convicción no surgen elementos de cargos que permitan condenar más allá de toda duda razonable. En lugar de absolver, el artículo dispone que el juez dicte la nulidad del veredicto y ordene un nuevo juicio. De esta forma permite que lo intente nuevamente ante otro juez y jurado, en iguales condiciones. Schiavo y Harfuch critican este híbrido porque produce un efecto no deseado: "le otorga al fiscal, que no trajo al debate prueba de la culpabilidad más allá de toda duda razonables, una segunda chande en un nuevo juicio de dudosa constitucionalidad por tensión a la regla del ne bis in ídem."[82]

5. Legitimidad del veredicto.

Existe un elemento que atraviesa todo el análisis de un sistema de jurados: su legitimidad. Este aspecto, es uno de las bases que sustentan los dos puntos anteriores: por un lado la falta del recurso del acusador contra el veredicto de culpabilidad y por otro la excepcionalidad -según la experiencia norteamericana- con la que se dictan veredictos direccionados o la revocación de los veredictos por parte de los tribunales de impugnación por entender que los jurados se apartaron de la prueba.

Una de las razones que se pueden encontrar a este fenómeno es la profunda legitimidad con la que cuentan, a diferencia la justicia profesional. Binder señala que la legitimidad es una construcción social compleja[83] a la que se llega a través del cumplimiento de varias formas. El jurado en sí mismo reúne una serie de formas que coadyuvan a darle más legitimidad al sistema, algo que no ocurre de la misma forma con la justicia profesional. Todo esto produce un juicio de mayor calidad y con mayor significancia social.

Si entendemos que una de las tareas de las formas es generar aceptación y confianza -construcción de condiciones de legitimad[84]-, sin duda que el juicio por jurado encierra una cantidad de formas e íconos que dotan al sistema de una mayor legitimidad y consecuentemente, su decisión tendrá una legitimidad que difícilmente se pueda alcanzar con la motivación de las sentencias de los jueces profesionales.

El sistema de jurados genera un mayor compromiso por parte del estado en el armado de los juicios (audiencias de voir dire, selección de 12 jurados, litigación de mayor calidad y mayor trascendencia pública de los juicios) que se reflejado en la confianza que genera en la sociedad.

Por otro lado, la unanimidad o bien las amplias mayorías también coadyuvan a construir esta confianza. El hecho que 12 personas -o 10 en los casos que se admiten mayorías- dicten un veredicto de culpabilidad o inocencia tiene una trascendencia que cuesta mucho negar.

Estos aspectos son tenidos en cuenta por los tribunales de impugnación al momento de tener que revocar un veredicto de culpabilidad. Sin duda que es correcto que exista un control, una revisión de ese veredicto, pero también es necesario que los jueces de impugnación sean conscientes de lo importante y profunda que fue la decisión que están por revocar.

6. Conclusiones.

El sistema recursivo de la justicia profesional, aún en un sistema profundamente acusatorio adversarial y completamente oral como lo es el santafecino, conserva fuertes rasgos de la concepción del recurso como medio de control funcional haciendo mella de su origen escriturista y propio de un modelo de investigación oficial.

La implementación del juicio por jurados es un verdadero cambio de paradigma que implica la modificación de las bases políticas del proceso penal. No alcanza únicamente con elegir a doce personas para que realicen lo que antes hacía el tribunal. Esto sería un reduccionismo equivalente a pensar que cambiarles el nombre a los jueces de instrucción y comenzar a llamarlos fiscales es suficiente para pasar de un sistema inquisitivo a uno acusatorio adversarial.

Ese cambio de paradigma implica también modificar la concepción que tenemos sobre el recurso. El sistema de jurados exige necesariamente abandonar, en palabras de Binder, "la tradicional concepción recursiva de la organización judicial de la Inquisición". Lo que verdaderamente importa es el control, no la motivación ni el recurso.

Los mecanismos para controlar el veredicto son el litigio de las partes, las instrucciones del juez hacia el jurado, el juez de garantía dirigiendo el debate sin compromiso en la toma de decisiones y la deliberación del jurado.

Para avanzar con este cambio de paradigma es fundamental comprender por qué el common law jamás necesitó de la motivación del veredicto para revisar sus juicios criminales.

Para ello resulta útil tener claro que motivar y fundar no son sinónimos: expresar por escrito los motivos de una decisión no es la única forma de fundamentarla.

El fundamento del veredicto lo encontramos en sus bases objetivas: el requerimiento acusatorio y las instrucciones que litigaron las partes e impartió el juez.

Eso se debe interpretar recordando que el acusador es quien debe fundar su petición de condenar al imputado. Simplificándolo al extremo, si a un jurado le preguntáramos por qué votó el veredicto de culpabilidad debería contestar "por todo lo que dijo el Fiscal y todo lo que me explicó el Juez".

Lo que le importa al modelo de jurados no es el veredicto en sí, sino todo lo que ocurre para llegar a él; y todo lo que sucede está fuertemente controlado y con una participación de las partes que es impensada en el civil law.

El veredicto, sin lugar a dudas es susceptible de ser controlado antes y revisado después de que es dictado con mucha más amplitud de la que actualmente se permite para revisar las condenas de la justicia profesional.

El tribunal de impugnación a la hora de revisar el veredicto deberá -en la medida de los agravios- verificar que los cincos mecanismo de control del veredicto se hayan realizado satisfactoriamente. Si esos mecanismos funcionaron correctamente y el jurado declaró la culpabilidad del imputado conforme a la prueba del juicio y más allá de toda duda razonable, deberá confirmar la decisión.

Eso implica por un lado vedar a la parte acusadora la posibilidad de recurrir el veredicto absolutorio y por otro que la audiencia de revisión no sea una reedición del juicio: doble conforme no es doble instancia en el sentido de volver a discutir lo que se discutió en el primer juicio.

El imputado deberá demostrar que por algún motivo el juicio no fue justo y es el único que a través de la impugnación tiene el derecho a solicitar un nuevo juicio con un jurado diferente.

Esto tampoco debe entenderse como una nueva posibilidad de la parte acusadora de presentar prueba que no haya existido en el primer juicio. En otras palabras, si el agravio de la defensa está dirigido a demostrar que no existieron elementos de prueba suficientes para que un jurado debidamente instruido considere probado el hecho más allá de toda duda razonable y el tribunal de impugnación le da la razón, debe absolver.

Una tesis contraria significaría aceptar que se realice un nuevo juicio y darle una nueva posibilidad a la acusación de probar un caso en el que ya fracasó en otra oportunidad.

Estos postulados fueron recepcionados por el proyecto de ley que cuenta con media sanción en la Provincia de Santa Fe; cumpliendo todas las exigencias impuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para respetar el art. 8.1 de la CADH.

De todas formas, los dispositivos de control serán letra muerta si los operadores del sistema no comprenden el paradigma bajo el que funcionan. Aún con un sistema de jurados, se podrían realizar prácticas que nada tienen que ver con lo que representa el sistema. Esto ya ocurrió cuando se implementó el nuevo código procesal penal en Santa Fe -ley 12.734-. Al día de hoy vemos prácticas nocivas que no tienen que ver con el sistema acusatorio adversarial: jueces que piden legajos de investigación para resolver cuestiones planteadas en audiencias, fiscales y defensores que concurren a la etapa preliminar sin manejar las teorías del caso, nula o pobre discusión respecto a la prueba y jueces que no realizan ningún tipo de filtro para el juicio.

La implementación del juicio por jurados necesita también de una fuerte capacitación de los operadores que se desempeñarán en él. En este aspecto, la experiencia de los tribunales de impugnación de Provincia de Buenos Aires y Neuquén son un buen pronóstico, dictando fallos que asientan las bases sobre la cual se tiene que desarrollar el sistema de jurados.[85]

Los operadores jurídicos deberemos evolucionar a través de la capacitación constante y realizar un proceso de desconstrucción para comenzar a visualizar agravios a partir del análisis de los requerimientos acusatorios, las evidencias admitidas y rechazadas, la forma en que se selecciona jurado, las instrucciones y cómo se aplican los estándares probatorios.

Ese proceso permite no solo revisar amplia y acabadamente el veredicto, garantizando que el imputado haya sido condenado a través de un juicio justo y respetando el derecho al doble conforme, sino también generar un sistema de justicia más democrático, que educa a la sociedad y construye legitimidad en una institución tan desprestigiada en la actualidad como lo es el Poder Judicial.


Bibliografía:

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Artículos y ponencias:

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LANGER, Máximo, "La dicotomía acusatorio-inquisitivo y la importación de mecanismos procesales de la tradición jurídica anglosajona. Algunas reflexiones a partir del procedimiento abreviado" publicado en "El Procedimiento abreviado Julio B. J. Maier y Alberto Bovino (comps.)" Editores del Puerto S.R.L.

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SIENRA MARTINEZ, Agustina "La facultad del Ministerio Público de recurrir la sentencia en contra del imputado: su inconstitucionalidad" en Las Garantías Penales Y Procesales - Hendler, Edmundo S.

Citas:

[1] V.R.P., V.P.C.* Y OTROS VS. NICARAGUA (Corte IDH),. disponible en https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_350_esp.pdf

[2] Canales, Mariano Eduardo y otro s/ homicidio agravado", CSJN 02/05/19.-

[3] Ver la ponencia expuesta de BINDER Alberto M.: "Corriendo los ejes de la discusión: del problema de la fundamentación a la teoría del control", en el XXIII Congreso Nacional de Derecho Procesal, en https://www.juicioporjurados.org/2012/06/video-imperdibleconferencia-de-binder.html

[4] Por ejemplo Andres Harfuch y Alberto Binder a los que citaré recurrentemente a lo largo del trabajo.

[5] En mi opinón las jornadas, disertaciones, talleres, etc aún están más enfocados en difundir el sistema de jurado, exhibirlo a la sociedad para que lo conozcan y se familiaricen -v. gr. simulacros de juicios por jurados- pero son menos frecuentes -o inexistentes- este tipo de actividades respecto a las impugnaciones. En Estados Unidos el desarrollo es tal que por ejemplo existen abogados espcialistas en apelaciones cuya función es asistir al juicio para litigar exclusivamente aquellas cuestiones que le permitirán esgrimir agravios en una eventual impugnación.-

[6] BINDER Alberto M, "Corriendo los ejes de la discusión..."

[7] Disponible online en https://bit.ly/2Wog2Wx

[8] BINDER, Alberto M, "Crítica a la justicia profesional", Revista Derecho Penal. Año I, N° 3. Ediciones Infojus, p. 61. Disponible en https://bit.ly/2ZVCh8e

[9] Máximo Langer propone superar la dicotomía entre la denominación acusatorio-inquisitivo ya que genera confusiones en cuanto al verdadero contenido de cada uno. Define al sistema de disputa como el proceso penal es una disputa o lucha entre dos partes, acusador y acusado, desarrollada ante un tercero -el juez o árbitro- que se encuentra en una posici6n relativamente pasiva. La relación entre las partes y el juez puede representarse como un triangulo equilátero o isósceles, con el juez o arbitro ocupando el vértice superior y las partes ocupando, en el mismo nivel, los dos vértices inferiores. En este modelo, las partes son las dueñas de la contienda y son ellas las que, mediante su actividad, llevan adelante el procedimiento. LANGER, Máximo, "La dicotomía acusatorio-inquisitivo y la importación de mecanismos procesales de la tradición jurídica anglosajona. Algunas reflexiones a partir del procedimiento abreviado" publicado en "El Procedimiento abreviado Julio B. J. Maier y Alberto Bovino (comps.)" Editores del Puerto s.r.l., pág. 115.

[10] Ibíd., pág. 117. Según Langer el sistema de investigación oficial es un tipo ideal de sistema procesal penal donde la investigación es realizada por uno o más oficiales estatales, con el objeto de determinar si es verdad que el imputado ha cometido un delito. Los oficiales estatales pueden ser uno o más de uno, pero ninguno de ellos es una parte, ya que ellos no tienen un interés predeterminado en cómo debe resolverse el proceso. Su trabajo es determinar, de modo imparcial, la verdad real ocurrida, estando tan interesados en que se condene a los culpables como en que se absuelva a los inocentes. Es por ello que, si se representa gráficamente la relación entre los oficiales estatales y el imputado, aquellos son representados por encima de este. Ya que él es, por definición, parcial, en el sentido que sí tiene un interés propio en cómo se resuelva el proceso. Por otro lado, en este tipo ideal, el proceso no se desarrolla mediante la actividad de las partes sino mediante la actividad de los oficiales del Estado.

[11] MAIER, Julio B. Derecho Procesal Penal T I. Fundamentos. Ed. Ad-Hoc. Pág. 706-707.

[12] Ibíd. Pág. 707.

[13] Ibíd. Pág. 708.

[14] MAIER, ¿Hacia un nuevo sistema de control de las decisiones judiciales? Publicado en la revista del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Puede visitarse en https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/contextos/article/view/2822/2627

[15] BACLINI y SCHIAPPA PIETRA, "Código Procesal Penal de Santa Fe comentado, anotado y concordado" T 2. Ed. Juris, pág. 502.

[16] Ver entre otros, MAIER, "Fundamentos...", BINDER, ver cita 3; SIENRA MARTINEZ, Agustina "La facultad del Ministerio Público de recurrir la sentencia en contra del imputado: su inconstitucionalidad" en Las Garantías Penales Y Procesales - Hendler, Edmundo S.

[17] MAIER, "Fundamentos..." pág. 715.

[18] "La garantía del derecho a recurrir ha sido consagrada sólo en beneficio del inculpado" y "en tanto el Ministerio Público es un órgano del Estado y no es el sujeto destinatario del beneficio, no se encuentra amparado por la norma con rango constitucional, sin que ello obste a que el legislador, si lo considera necesario, le conceda igual derecho". CSJN, "Arce", Fallos 320:2145.

[19] "MAIER" ob cit. Pág. 714.

[20] 112. Por las razones expuestas, la Corte concluye que el sistema procesal penal argentino que fue aplicado al señor Mohamed no garantizó normativamente un recurso ordinario accesible y eficaz que permitiera un examen de la sentencia condenatoria contra el señor Mohamed, en los términos del artículo 8.2.h de la Convención Americana, y también ha constatado que el recurso extraordinario federal y el recurso de queja, en tanto salvaguarda de acceso al primero, no constituyeron en el caso concreto recursos eficaces para garantizar dicho derecho. (...) CIDH, "Mohamed Vs. Argentina" 23/11/2012.

[21] CSJ Santa Fe, "Scalcione" Reg.: A y S t 271 p 239/260. (Del voto del Dr. Erbetta. En disidencia: Dra. Gastaldi. En disidencia parcial: Dr. Falistocco)

[22] VAZQUES ROSSI, Jorge E. "Derecho Procesal Penal" Ed. Rubinzal Culzoni, pág. 400

[23] "Casal, Matías Eugenio y otro s/robo simple en grado de tentativa" CSJN, C.1757.XL

[24] MAIER, ob cit, pág. 708.-

[25] Respecto a la lógica secuencial y la cultura del "trámite", véase BINDER, Alberto M. "Derecho Procesal Penal, Tomo I, Hermenéutica Del Proceso Penal" Ed. Ad-Hoc, pág. 79 y ss.

[26] BINDER Alberto M, "Corriendo los ejes de la discusión..." ver cita 3.

[27] BINDER Alberto M, "Corriendo los ejes de la discusión..." ver cita 3.

[28] HARFUCH, Andrés. "El veredicto del jurado". Ed. Ad-Hoc. Pág. 412.

[29] Ibíd., pág. 731.

[30] TARUFFO, Michelle: "La motivación de la sentencia civil", Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2006, p. 343 y ss., citado por HARFUCH Andrés "Inmotivación, secreto y recurso amplio en el juicio por jurados clásico" en Revista Derecho Penal. Año I, N° 3. Ediciones Infojus, p. 113, disponible en https://www.saij.gob.ar/doctrina/dacf130006-harfuch-inmotivacion_secreto_recurso_amplio.htm

[31] HARFUCH, Andrés "Inmotivación...." Pág. 126

[32] HARFUCH, Andrés, "El veredicto..."Pág. 126.

[33] Art. 11 y 12 del proyecto de ley.

[34] "CASE OF TAXQUET v. BELGIUM" Disponible en https://bit.ly/2PpYhFh

[35] Ver cita 1.

[36] Parágrafo 258.

[37] Parágrafo 259.

[38] HARFUCH, Andrés. "El veredicto del jurado". Ed. Ad-Hoc. Pág. 34.

[39] RODRIGUEZ, Macarena, "Valoración de la prueba: ¿hasta dónde puede ir un tribunal de casación tras el veredicto de un jurado popular? Análisis del fallo "Mazzon, Marcoes E. s/recurso de casación". Publicado en DPyC 2016 (abril), 06/04/2016, 83. Disponible en Thompson Reuters, AR/DOC/736/2016. Pág. 1 y 3.-

[40] Art. 448 BIS. (Artículo Incorporado por Ley 14543) Disponible en: https://bit.ly/2Wn9bwp

[41] Art. 237º y 238º (ley 2784). Disponible en: https://bit.ly/2PIxX7E

[42] Art. 233, Código Procesal Penal de Rio Negro. Disponible en: https://bit.ly/2H25E1u

[43] Art. 93, Ley 7661. Disponible en: https://bit.ly/2Wq89jo

[44] HARFUCH, Andrés. ob cit, Pág. 331.

[45] Disponible en https://supreme.justia.com/cases/federal/us/281/276/

[46] En el fallo, la Corte Suprema de los Estados Unidos define que el juicio por jurados clásico se caracteriza por: integración plural con doce ciudadanos convocados a prestar el servicio en forma accidenta; participación de las partes en el litigio para la conformación del jurado; separación clara de las funciones del juez y del jurado; respeto a la soberanía e independencia del jurado a través del secreto de la deliberación y la prohibición de intromisiones externas; exigencia de unanimidad tanto para condenar como para absolver y centralidad del juicio y recurso sólo para el acusado. Sobre las diferentes clases de jurados en América Latina véase: HARCHUF, Andrés y PENNA, Cristian "El juicio por jurados en el continente de América" disponible en https://www.cejamericas.org/Documentos/2018/REVISTA21/temasgenerales_harfuchypenna.pdf

[47] MAIER, ob cit, pág. 741 y 742.

[48] HARFUCH, Andrés, ob cit, pág. 330.

[49] "Lo que cada litigante (y solo ellos, el juez no puede reemplazarlos en esta tarea, porque no conoce ni domina la teoría del caso de las partes, y no puede -ni debe- tener una teoría del caso propia) debe procurar en esta instancia, es detectar a las personas que tendrán mucha dificultad en escuchar y aceptar la historia que el litigante sostiene como "lo que realmente paso"." NICORA, Guillermo "Composición e integración del jurado", publicado en "Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires Juicio por jurados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" Ed. Jusbaires, pág. 170.

[50] BACLINI Jorge, "La Etapa Intermedia", publicado en Pensamiento Penal. Disponible en https://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/36394-baclini-jorge-etapa-intermedia

[51] BACLINI J. - SCHIAPPA PIETRA L, "Código Procesal Penal de Santa Fe. Comentarios a la reforma de la ley 13.746. Ed. Juris Online, pág. 157.

[52] BACLINI Jorge, ob cit., pág. 8.

[53] BACLINI J. - SCHIAPPA PIETRA L. "Código Procesal Penal Santa Fe. Comentado..." T II, pág. 208.

[54] Sabiendo que este aspecto será un agravio en caso de un veredicto de culpabilidad, el defensor puede adaptar su teoría del caso para realizar preguntas en los exámenes directos y contraexámenes para evidenciar que las fotografías realmente no aportaban un hecho relevante para la teoría del caso de la fiscalía y tener así mayores elementos para argumentar en una audiencia de impugnación que el jurado estuvo condicionado por esa evidencia y que de otro modo no hubiera condenado.

[55] Artículo 50 - DESARROLLO DEL DEBATE. DECISIONES SOBRE LA PRUEBA. Resueltas las cuestiones incidentales y sintetizados los argumentos de la acusación y defensa, se producirá la prueba analizándose en primer lugar la propuesta por los acusadores y luego de las defensas, salvo que las partes acuerden otro orden. Cuando durante el curso del juicio las partes planteen alguna incidencia de prueba relativa a su admisión o exclusión, el juez ordenará el retiro del jurado de la sala hasta tanto se resuelva la misma. Si la incidencia fuera de sencilla resolución, el juez ordenará que los abogados se acerquen al estrado a fin de que el jurado no escuche la discusión, pero permitiendo la grabación de la misma en ambos casos.

[56] Las reglas federales de evidencia americanas, prevén en la regla 403 que la evidencia pertinente puede ser excluida cuando su valor probatorio queda sustancialmente superado por riesgo de causar perjuicio indebido. Sobre este tópico, resulta interesante el fallo del Tribunal de Impugnación de la Provincia de Neuquén "FISCALIA DE ZAPALA S/INV. (TORRES ANTILEF PAMELA)", (Leg. MPFZA 21948 Año 2017), disponible en

https://drive.google.com/file/d/0B2yvs_8DQr4dM05ueVFIVm50ZGUzdGRqV0p5OUt3U2F5V3Jz/view

[57] Art. 59 del proyecto de ley.

[58] RODRIGUEZ, Macarena, ob cit. Pág. 5 y 6.

[59] Desestimó los agravios, entre otros argumentos porque del registro audiovisual consta que en las instrucciones finales, el juez dio una explicación en torno a la hipótesis de inimputabilidad plantead por la defensa y consideró en base a las otras declaraciones que el jurado contaba con suficiente prueba para formar su convicción sobre inimputabilidad, si así lo hubiese querido.

[60] HARFUCH, Andrés "El veredicto..." pág. 383.-

[61] HARFUCH, ob cit. Pág. 381 y ss.

[62] HARFUCH, ob cit, pág. 64.

[63] Ver cita 1.

[64] HARFUCH, Andrés. Ob cit, pág. 218.-

[65] HARFUCH, Andrés "Inmotivación...." Pág. 135.

[66] HARFUCH, Andrés, "El veredicto..." pág. 2

[67] Ibíd., pág. 239.

[68] R. v. Weiss" [2005] HCA 81, [41], Suprema Corte de Justicia de Australia, citado por HARFUCH, Andrés en "El veredicto...", pág. 243.-

[69] Ibíd., pág. 246.

60 Ibíd.

[71] Ibíd., pág. 248.

[72] Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Sala IV. Causa caratulada "Castillo, Rodolfo Marcelo s/ Recurso de Casación", 11 de agosto de 2016. Del mismo tribunal se pueden destacan los fallos: "Monzon, Sandro Raúl Antonio s/ Recurso de Casación", 23 de mayo de 2017 y "Fernández Leandro Javier s/ recurso de casación", 24 de noviembre de 2016. Del mismo Tribunal, pero de la sala III: "B., F. D. y G., L. N. s/ recurso de casación, 03 de agosto de 2017.

[73] Ibíd., pág. 250.

[74] Únicamente la Provincia de Buenos Aires ha receptado en parte a este instituto. Ello fue objeto de críticas que abordaré más adelante.

[75] HARFUCH, Andrés. "El veredicto..." pág. 184.

[76] "Carlisle v. United States", 517 U.S.416, 1996.

[77] SCHIAVO, Nicolás "La potestad jurisdiccional de absolver ante el veredicto condenatorio del jurado", Revista Pensamiento Penal, Buenos Aires, pág. 133.-

[78] WRIGHT, Charles A. y Miller, Arthur R., Federal Practice and Procedure, Ed. Thompson Reuters, citado por SCHIAVO Nicolás, ob cit", pág. 134.

[79] Ibíd., pág. 140.

[80] Ibíd., pág. 144.

[81] Ibíd., pág. 145.

[82] HARFUCH, Andrés "El veredicto..." pág. 192. Schiavo Nicolás, ob cit, pág. 146.-

[83] BINDER, Alberto. Clase Magistral en Posgrado de Derecho Procesal Penal, Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de Rosario, 2018.

[84] BINDER, Alberto M. "Derecho Procesal Penal, Tomo III, Teoría de las Formas procesales. Actos inválidos. Nulidades" Ed. Ad-Hoc, pág, 275 y ss

[85] Por solo citar algunos precedentes, el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires en la causa caratulada "López Mauro Gabriel s/ Recurso de queja" rechazó el pedido de inconstitucionalidad que interpuso el Fiscal por la imposibilidad del Ministerio Público Fiscal de recurrir el veredicto de no culpabilidad. Se había agraviado en que el legislador previó la posibilidad de un veredicto arbitrario, pero no reguló la igualdad de armas en relación al imputado. Sostuvo que los recursos se conciben como medios de control, que de la garantía del debido proceso fluyen los principios de contradicción y bilateralidad, y que la ley 14.543 impide al fiscal la utilización del recurso como mecanismo de defensa frente al error y arbitrariedad. El agente fiscal concluyó afirmando que el legislador provincial incurrió en una inconstitucionalidad por omisión.  Desde el punto de vista de la defensa, el Tribunal de Impugnación de Neuquén rechazó la presentación del defensor público Gustavo Vitale sobre que el veredicto inmotivado restringía su derecho a cuestionar ampliamente las razones de hecho para la condena. [Caravajal, Daniel Alberto y otros s/homicidio doblemente calificado, citado por HARFUCH, Andrés "El veredicto..." pág. 255].