Fiscal General ratifica la inconstitucionalidad del artículo 56 bis de la Ley de Ejecución Penal

12.03.2020

(Argentina) El Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal, se expresó sobre la inconstitucional del artículo 56 bis de la ley de ejecución penal

Fuente: Palabras del Derecho

El representante del Ministerio Público Fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier de Luca, consideró que la denegación en el acceso a salidas transitorias a condenados por delitos previstos en la ley de drogas vulnera principios constitucionales y de la ejecución de la pena.

Se trata del artículo 56 bis de la ley 24.660 que fuera modificado por la ley 27.375, en el año 2017, estableciendo que "no podrán otorgarse los beneficios comprendidos en el período de prueba a los condenados por los siguientes delitos:... 10. Delitos previstos en los artículos 5°, 6° y 7° de la ley 23.737 o la que en el futuro la reemplace"

Esta última normativa regula la tenencia y el tráfico de estupefacientes. El caso por el cual el fiscal termina expidiéndose versa sobre una condena fundada en el artículo quinto de esta última ley, la cual castiga la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, confinándole de esta forma al acusado, una pena de cuatro años de prisión y multa equivalente a ciento treinta y cinco mil pesos.

Así, el fiscal tomó la decisión de desistir el recurso de casación interpuesto por la representante del Ministerio Público Fiscal contra la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Mendoza, que en su momento había resuelto declarar como inconstitucional el artículo 56 bis de la ley 24.660, concediendo de esa manera salidas transitorias al condenado.

Dicha resolución había sido adoptada en noviembre del 2019 por el Juez de Ejecución sosteniendo que aquel artículo resultaba violatorio de los principios que la ejecución de la pena sostiene como ser el de reinserción social; humanidad; igualdad ante la ley y mismo ir en contra del sistema de progresividad de la pena establecido.

El artículo 56 bis fue modificado producto de la extensa reforma dada a la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad, y amplía el catalogo de delitos por los cuales no procede el otorgamiento de los institutos liberatorios comprendidos en el período de prueba como ser el acceso a programas de semilibertad; la libertad condicional y las salidas transitorias.

Estas últimas pueden otorgarse por determinado tiempo, por algún motivo definido o basado en el nivel de confianza brindada por la persona privada de la libertad, siempre que no se trate de los delitos vedados por el modificado artículo, como ser todos los homicidios agravados previstos en el Código Penal; los delitos contra la integridad sexual; la tortura seguida de muerte; ciertos tipos penales establecidos en la ley de estupefacientes, como es el caso del establecido delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización que se acusa en el caso en cuestión, entre otros.

A lo largo del dictamen, se hizo hincapié en las normas de derecho internacional con jerarquía constitucional, como ser el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 10 inciso tercero advierte que "El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y readaptación social de los penados". A su vez, la Convención Americana de Derechos Humanos indica que "Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados". Citando también las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas también como Reglas Nelson Mandela, se interpreta la conveniencia de que se adopten medidas necesarias para asegurar un retorno progresivo a la vida en sociedad, previo a que la persona cumpla de manera acabada su pena.

Basado ya en la normativa nacional, se adopta el principio de la reinserción social expresado en el primer artículo de la ley: "La ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de respetar y comprender la ley, así como también la gravedad de sus actos y de la sanción impuesta, procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad, que será parte de la rehabilitación mediante el control directo e indirecto".

A nivel jurisprudencial la tesitura encuentra fundamento en el precedente "Napoli" de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, donde se realiza una analogía en base a consideraciones efectuadas sobre el instituto de la prisión preventiva. Es decir, el legislador sólo estaría justificado para no conceder el derecho a la excarcelación siempre y cuando esto sea un peligro comprobable en base a la posibilidad de frustrar a la justicia.

En este mismo decisorio se advirtió también la violación al principio de igualdad establecido en el artículo 16 de nuestra Carta Magna por la sola naturaleza del delito, creyendo de esta manera que se le otorga una mayor protección a determinados bienes jurídicos. De esta forma ya no importa el tiempo transcurrido en prisión y la posible progresividad pretendida por la propia norma, sino que el fundamento se dictamina en nombre del delito cometido.

Otro caso citado en el desistimiento del recurso pertenece a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, resuelto en el año 1997 bajo el nombre de "Suárez Rosero". Allí se sostuvo que es violatorio el principio de igualdad cuando se despoja a una parte de la población carcelaria de un derecho fundamental basándose en la naturaleza del delito imputado, extendiéndose de manera intrínseca a todos quienes se determinen la misma calificación legal.

Finalmente, el Fiscal manifiesta no haber advertido ninguna falta de fundamentos tanto en los hechos como en el derecho dentro del acto jurisdiccional originario, y que los principios de resocialización social y progresividad de las penas terminan siendo fruto de una experiencia acumulada sobre los efectos deteriorantes de la prisionalización en las personas. En definitiva, el fin de la ejecución de la pena, basándonos en una perspectiva anclada en los Derechos Humanos, debería procurar que pese al inevitable deterioro que sufrirá el sujeto, condicionado por una patología regresiva desde el ingreso en la institución, sea del menor impacto posible.

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